Un Ayuntamiento aliado con las PYMES y autónomos locales

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Desde que sufrimos esta larga crisis muchas son las empresas que se están viendo en verdaderas dificultades para mantener su actividad y numerosas de ellas han tenido que echar el cierre. A esta circunstancia se une la morosidad de las administraciones públicas y más en concreto de los Ayuntamientos que perjudica gravemente al mantenimiento del tejido económico y por lo tanto al mantenimiento del empleo.

Y aunque en la Ley estos plazos están claramente especificados, muchos ayuntamientos deben grandes cantidades de dinero a numerosas empresas casi todas Pymes, la mayoría de las cuales ya ha realizado el trabajo pero no han podido cobrar.

Imaginamos una pequeña empresa o un autónomo que firma un contrato con un ayuntamiento, este trabajo puede suponer consolidar o aumentar su actividad. Imaginamos que se contrata nuevos empleados para poder hacer frente a ese contrato, que compra nueva maquinaria, adquiere material. Imaginamos que después de haberse gastado un dinero que se pensaba recibir del ayuntamiento, resulta que no cobra, ni a 30 días, ni a 60 días, ni a 90 días.

Esta realidad es vivida por un gran número de las pequeñas empresas y autónomos de este país. En Torremolinos, tal y como se publica en un reciente artículo en el Diario Sur, el Ayuntamiento tarda 110 días de periodo medio de pago, lo que supone estar junto con Benalmádena en lo más alto del ranking de incumplidores con los compromisos de pago de toda la provincia. No puede haber más excusas para que el Ayuntamiento de Torremolinos empiece a comprender la necesidad de hacer frente a los pagos en tiempo y forma y las consecuencias que esta mala gestión tienen para nuestra ciudad.

El panorama para las pequeñas empresa y autónomos en Torremolinos es aún peor, si comprobamos que además del retraso en los compromisos de pago se une la falta de trasparencia, arbitrariedad y discrecionalidad con que se realizan las contrataciones de servicios y productos en el Ayuntamiento de Torremolinos.

Debemos ser conscientes del enorme perjuicio que se somete a las pymes y autónomos locales que se ven privados de disponer de opciones o de una información mínima para poder tener la oportunidad de aspirar a participar en alguna de estas contrataciones.

Un gobierno local responsable debe impulsar iniciativas que favorezcan la regeneración económica de Torremolinos y para ello el apoyo a sus pymes y a los autónomos es fundamental.

Muchas son las medidas que se pueden poner en marcha para reactivar, impulsar y promocionar la actividad económica de la empresas pero está demostrado que a corto plazo las medidas que tienen una mayor efecto son las que se centran en revisar la normativa y las tramitaciones municipales para que el Ayuntamiento se convierta en aliado de las empresas y no sea visto como una institución que pone trabas sino todo lo contrario.

Medidas como las que ya hemos propuesto tienen como objetivo una contratación de empresas y autónomos más justa, con total transparencia, en igualdad de condiciones y de acceso a la información. Entre ellas destacamos la creación de un registro de empresas interesadas en ofrecer sus servicios, hacer público el detalle de las condiciones de las contrataciones, controlar trimestralmente que las entidades colaboradoras están al corriente de sus obligaciones en Seguridad Social y Hacienda y evitar al máximo posible la subcontratación.

Se trata en definitiva, de que además de cumplir con los compromisos de pago en los plazos establecidos, se aumente y facilite la transparencia de información sobre las adjudicaciones de obras y servicios municipales que el consistorio contrata con diferentes empresas a lo largo del año. Las empresas y autónomos de Torremolinos tienen todo el derecho a estar informados de los criterios por los cuales el Gobierno local contrata, así como el nombre de las mismas y sus responsables para que cualquier ciudadano pueda comprobar si entre ellos hay personas con alguna relación personal, política o profesional que pudiera influir en esa adjudicación. Además de ello se podrá comprobar el nivel de cumplimiento de las contrataciones para determinar si las empresas están prestando correctamente el servicio para el que fueron contratadas y que se informe también sobre si el Gobierno local va pagando puntualmente por dichos servicios.

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